Según un estudio del Gobierno de Bolivia sobre la situación de las cárceles bolivianas, los  privados de libertad llegan a estos lugares por  robo/hurto, asalto, violación, lesiones a otras personas, por  ser consumidores de sustancias prohibidas, etc. Y de hecho, algunos de ellos están mejor dentro de la cárcel, donde encuentran descanso a las persecuciones y  agresiones vividas en el exterior. Sin embargo, también están aquellos que en el transcurso de una larga sentencia, perdieron a su familia y todo vínculo con el exterior. La liberación representa una gran angustia, pues en muchas ocasiones permanecen simplemente sentados  esperando que pase el tiempo de sus condenas. Esto implica un doble castigo, pues no sólo se someten a la pérdida de su libertad, sino también a las pésimas condiciones que existen al interior de la cárcel. Las políticas estatales  no hacen mucho para los privados de libertad, que están desamparados sin visión ni perspectiva en su vida.

Mabel y Verónica Marisol –también JusticeMaker 2011, han tenido la ocasión de encontrarse en Bolivia un par de veces (aunque viven en diferentes partes del país) y de visitar las cárceles juntas. Las prisiones están extremadamente abarrotadas y es frecuente que los detenidos pasen meses en prisión sin acceso a un abogado. Generalmente ingresan en prisión con sus familias, lo que significa que sus hijos viven ahí también en malísimas condiciones mientras sus padres cumplen con sus sentencias [véase la foto de la izquierda].

El 22% de reos en Bolivia está en Cochabamba, que cuenta con seis cárceles. Más de 1.200 muchachos viven en las prisiones bolivianas y concretamente, la situación en la cárcel de San Sebastián (Cochabamba), donde Mabel ha realizado talleres de formación, es tan infrahumana que el techo se está cayendo, tienen un baño para 650 internos, y además el preso tiene que comprarse su propia celda (entre 500 y 1.500 dólares) porque el Estado no la provee por falta de fondos.

Con su proyecto, Mabel “ha aprendido a compartir”. Dice que “parece una palabra sencilla pero encierra muchas cosas: revisar procesos, compartir experiencias, ayudarles en sus causas y encaminarse a otras, conocer a sus familias, etc.”. El objetivo de Mabel es entrenar a los profesionales que representan a los acusados para asegurar que los detenidos tienen acceso a la justicia eficazmente y proveer de formación a los acusados. De esta manera, sabrán por qué han sido detenidos, los derechos que les protegen y las obligaciones una vez que obtengan su libertad.

Dice que “el proyecto ha sido un éxito entre los internos del centro penitenciario de San Sebastián”, creó una revista con dibujos del procedimiento penal para que aprendieran más fácilmente de qué se trata, han asistido a los talleres dispuestos a aprender y realizan simulacros de juicios para que sepan actuar en los juicios orales. Según Mabel, “Lo más importante del proyecto es que son los mismos detenidos los que colaboran con los demás, puesto que la información que se les ha transmitido la replican entre sus compañeros, lo que ha efectivizado el proyecto sobre el conocimiento de sus derechos.”.

Tras su experiencia trabajando en el centro de San Sebastián, Mabel afirma que es difícil avanzar en el proceso con los profesionales, pues cada 3 meses cambian a los funcionarios de Régimen penitenciario y todo el trabajo que se realiza con ellos debe ser nuevamente repetido para los nuevos. Cree que su proyecto tendría un mayor impacto si pudiera organizar jornadas con la prensa y otras instituciones comprometidas al régimen penitenciario.

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2011 JusticeMakers Mª Paz Martínez Irigotia

María de la Paz Martínez Irigoitia es una de nuestros ganadores del concurso JusticeMakers 2011 organizado por International Bridges to Justice. Ha sido abogada practicante en Paraguay desde 1997, trabaja como Profesora responsable de Derecho Político I y II en la Universidad Católica y también está haciendo su doctorado sobre “Los problemas actuales del Derecho Penal” para la Universidad de Salamanca, España.

María de la Paz es Defensora Pública Penal de adultos (desde 18 años), y su área de trabajo es la capital de Paraguay, Asunción. El pasado 15 de septiembre de este mismo año, entró en vigor en Paraguay la ley Nº  4.431/11, que modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal. Esta Ley prohíbe la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva a las personas que sean reincidentes, es decir, que tengan procesos penales pendientes, aunque no estén condenados. Esto hace que se aumente de manera desmedida la población carcelaria. De hecho, la cárcel de varones cuenta con una población de 3.051 internos, entre ellos 2.097 procesados y 954 condenados. La cárcel de mujeres tiene una población de 199 internas, 127 procesadas y 72 condenadas. Por tanto, la superpoblación –y como consecuencia, las pésimas condiciones sanitarias- ha sido un problema capital durante décadas. Estas personas suelen ser de escasos recursos económicos, desde la extrema pobreza hasta incluso personas de clase media baja, la mayoría no tiene terminada la educación primaria básica y su nivel cultural también es muy precario. Muchos son reincidentes, ya han pasado por el sistema penal; y otros muchos son personas sin empleo o subempleadas.

El tema principal de su Proyecto JusticeMakers es concretamente el acceso a la justicia a través de alianzas estratégicas entre abogados y doctores. Su objetivo en los próximos meses es conseguir al menos dos doctores para que sean parte de su proyecto. Considera importante trabajar con ellos como abogada, colaborando técnicamente en el campo legal público donde podrían ser útiles respectivamente. Ya ha necesitado de su ayuda previamente, pues se vulneran frecuentemente el derecho a la salud y a una alimentación sana, entre otros. Además, la tuberculosis es la enfermedad más frecuente entre los internos, la cual por las condiciones de aglomeración es altamente contagiosa.

María de la Paz afirma que la ayuda de los médicos junto al trabajo de los abogados ha llevado a “una clara ligereza de atención a los defendidos, pronta justicia, menor vulnerabilidad ante su situación, mayor celeridad en la resolución de las causas, así como una lucha contra la impunidad de casos de tortura y malos tratos”. María de la Paz está orgullosa de haber iniciado a través de su gestión un acercamiento crucial entre dos instituciones que no tuvieron antecedentes de contacto ni trabajo conjunto, y posibilitar una plataforma para que en un futuro puedan seguir colaborando y trabajar conjuntamente, como es la Defensoría Pública y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional.

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2011 JusticeMaker Adriana Patricia Castaño Román

Adriana Patricia Castaño es una de nuestros ganadores del concurso JusticeMakers 2011 organizado por International Bridges to Justice. Lleva años trabajando como abogada, particularmente en el campo de los derechos de los jóvenes en la ciudad de Medellín (Colombia). Es activista de la Red Juvenil de Medellín desde 1996 y anteriormente participó en grupos de juventud en el noroeste de Medellín, en actividades de comunidad, y en organizaciones de participación ciudadana que trabajan para el cambio social.

Patricia ha estado organizando actividades para abogados de defensa penal con el objetivo de mejorar sus habilidades legales, pero también entre los estudiantes y grupos jóvenes según la parte de la sociedad que representen (tribus urbanas). Con el proyecto, vio que las personas no tienen un conocimiento claro sobre la legislación actual, lo que propicia  que los agentes puedan abusar de su autoridad sin recibir ninguna resistencia por parte de la población en general. Aunque este tipo de detenciones se presentan en todos los barrios de la ciudad, se observan sectores críticos donde las detenciones son continuas y dirigidas a un tipo de público en especial, como por ejemplo jóvenes salidos del estereotipo de la sociedad cotidiana.

Medellín es una de las ciudades del país con más decretos que limitan la movilización, dirigidos a disminuir la protesta social o la circulación de jóvenes a determinadas horas. La policía, en su tarea por “limpiar la ciudad”, ya ha logrado desplazar a los jóvenes de ciertos sectores, son perseguidos de manera permanente. El derecho a la libertad personal frente a detenciones arbitrarias es un problema en Colombia. Es una violación de derechos humanos cotidiano que parece no ser atendido porque los sujetos víctimas representan el sector “marginal” de sociedad capitalista.

En la ciudad de Medellín, donde nuestra JusticeMaker Patricia ha implementado su proyecto, el motivo para realizar una detención administrativa es la sospecha. Y normalmente, los “sospechosos” o “raros” son los jóvenes que por su apariencia física no corresponden al “patrón normal” establecido (piercings, tatuajes, tribus urbanas…); los que pertenecen a sectores socioeconómicos bajos de la población; los que se dedican a actividades artísticas en la calle (cantantes, vendedores ambulantes…); etc. Son movimientos de detención administrativa abiertamente inconstitucionales y violan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad, la libertad de conciencia, la libre circulación.

La creación de un grupo de trabajo amplio conformado por abogadas/as unido a la buena aceptación de las personas de la ciudad hace que el proyecto tenga muy buenas expectativas en su continuidad y duración en el tiempo por ser la libertad la que siempre está en riesgo en sistemas de corte autoritarios. Han publicado también un blog en internet que contiene las detenciones arbitrarias más recientes en Colombia.

Uno de los objetivos de Patricia es incrementar las denuncias de detenciones arbitrarias y que la gente aprenda cuáles son los límites de la Policía, que conozcan sus derechos para defender su libertad, y que sepan que existen estrategias legales que han de ser aplicadas cuando las detenciones son ilegales. Después de su Proyecto, cuyo fin principal es detener el abuso y las restricciones al derecho de libertad personal de las víctimas jóvenes en Medellín, su idea es seguir trabajando con abogados para proveer servicios a estas personas víctimas de la  detención arbitraria, desde el primer momento del arresto hasta el final del proceso.

International Bridges to Justice agradece su trabajo en hacer respetar el derecho a la libertad de expresión, en contra de las detenciones arbitrarias llevadas a cabo en el ejercicio del mismo. Gracias a activistas como ella, nos acercamos al fin de la injusticia en el mundo.

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2011 JusticeMakers Gabriela Eugenia Vázquez

Gabriela Eugenia Vázquez es una de nuestros ganadores del concurso JusticeMakers 2011 organizado por International Bridges to Justice. Ha sido abogada practicante en Argentina desde 1991. Ha enfocado su carrera en materia de derechos humanos y su Proyecto con “International Bridges to Justice” a promocionar el derecho a la salud y prevención de VIH/SIDA en el sistema de prisión de Argentina. Asimismo, está fortaleciendo la estructura institucional de los prisioneros en Argentina para ayudar a que haya una mayor conciencia del VIH/SIDA y reducir este problema en las cárceles formando a profesionales de seguridad y la unidad penal con información y asesoramiento. Gabriela ha llevado a cabo varias sesiones de orientación en salud de los internos, donde la práctica de sexo seguro se promueve para ayudar a prevenir la propagación del virus en los centros penitenciarios, así como comprometerse con la unidad de seguridad en prisión para ayudar a reducir tales casos entre los prisioneros.

El SIDA en las cárceles argentinas es un virus que no sólo conlleva la supresión del sistema inmunológico, sino que introduce dentro de las cárceles una serie de miedos y conflictos, complicando aún más la convivencia “entre paredes”. Además de aquellas personas que ingresan ya infectadas, en otros casos se transmite en el encierro. No se les niega a los internos el ejercicio de la sexualidad dentro de los centros pero tampoco se les brinda la protección necesaria, por lo que se vulnera su derecho a la salud. Hay situaciones que seguramente no se podrán cambiar, como los tatuajes caseros (con agujas, obviamente, sin esterilizar) o impedir que las personas ejerzan su sexualidad. Pero sí se puede brindar la educación adecuada y facilitar el acceso a elementos de prevención y tratamiento. Y tan es así, que nuestra JusticeMaker, Gabriela, ha organizado reuniones para planear actividades para aquellos profesionales del Área de la Salud de los Servicios Penitenciarios de Buenos Aires y ha trabajado satisfactoriamente tanto con profesionales (los cuales han ayudado a la prevención, aunque algunas veces los recursos para garantizar el derecho a la salud no son suficientes) como con los prisioneros con su propio auto-cuidado.

Gabriela en uno de sus talleres sobre VIH/SIDA

El proyecto de Gabriela ha sido un éxito. Se desarrollaron los encuentros con el equipo profesional y de seguridad de la unidad penal en el trabajo en prevención del VIH/SIDA. Como resultado, se fortalecieron 30 promotores de salud; los internos solicitaron realizarse el testeo; y además, se dieron folletos instructivos, manuales de formación, y preservativos. El impacto fue tan bueno (participaron 54 personas en las actividades de prevención, entre internos, equipo técnico y seguridad), que le gustaría seguir organizando actividades y talleres.

De hecho, Gabriela seguirá trabajando a través de la Fundación Huésped, que llevan más de 20 años comprometidos con la Prevención del VIH/SIDA, y la Promoción del Derecho a la Salud hacia toda la población en general y en especial a los grupos más vulnerables como las personas que viven en situación de encierro. Desde International Bridges to Justice, queremos agradecer a Gabriela por su compromiso en la aportación de información para proteger un derecho tan importante como es la Salud.

Uno de los panfletos que Gabriela distribuyó a los internos argentinos

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2011 JusticeMakers Alejandro Tomás Viada Ovalle

Alejandro Tomás Viada Ovalle es uno de nuestros ganadores del concurso JusticeMakers 2011 organizado por International Bridges to Justice. Ha trabajado como abogado defensor durante años; ha dirigido equipos de profesionales (trabajadores sociales, abogados y psicólogos); ha enseñado Derecho Penal y derechos legales a profesores de la Facultad de Derecho; y también ha sido profesor de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte. En la actualidad, dirige la Defensoría Penal Pública en la Provincia de Coquimbo (Chile).

La nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su principal objetivo es reinsertarles en la sociedad a través de programas especiales. Con esta Ley se busca un equilibrio entre el delito y la edad del adolescente (dividiéndoles en dos sectores: entre 14 y 16, y entre 16 y 18 años), de manera que se les reconoce derechos por primera vez. Para lograrlo, se recurre a la privación de libertad sólo para los delitos más graves, pero parece que el sistema de justicia no es consciente de que son adolescentes y no adultos y que las medidas tomadas deben favorecer su integración social. El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el responsable de materializar las penas que contempla la Ley, a través de sus centros, en el caso de las penas privativas de libertad, y la red privada, tratándose de las medidas no privativas de libertad.

La población beneficiaria del proyecto son aquellos jóvenes imputados de un delito que son ingresados a los Centros de Internación Provisoria de menores (CIP). Alejandro implementó su proyecto JusticeMakers en el CIP San Joaquín (Masculino) y Santiago (Mixto), con 223 y 33 ingresos respectivamente. Con su proyecto ha ayudado a corregir ciertos aspectos del sistema de justicia de Chile para hacer de la justicia juvenil algo diferente de la justicia criminal para adultos. Ha facilitado la comunicación por videoconferencia entre el adolescente privado de libertad y su defensor, sin reemplazar su visita quincenal reconocida por la Defensa Penal Pública. Se ha logrado, por tanto, “una disminución paulatina de los niveles de ansiedad entre los jóvenes y su mejor preparación de las declaraciones en juicios orales”. Alejandro cuenta con la colaboración de varios abogados y un trabajador social en Santiago (Chile) y desea “que su proyecto se mantenga, así como aumentar el número de entrevistas mediante videoconferencias. De este modo los jóvenes aclaran de inmediato los conceptos que no comprendieron”.

Alejandro afirma haber aprendido que en materia de defensa de los derechos de los jóvenes, siempre es posible innovar en búsqueda de una adecuada relación entre éstos y sus abogados, y está orgulloso de la colaboración y buena disposición recibida por los centros del SENAME.

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2011 JusticeMaker Verónica Marisol Quiroga Pando

Verónica Marisol Quiroga Pando es una de nuestros ganadores del concurso JusticeMakers 2011 organizado por International Bridges to Justice. Graduada en Derecho y especializada en derechos humanos, trabaja en la actualidad en la Universidad Fraz Tamayo en La Paz como docente universitaria de los Derechos Humanos, como consultora de género y derechos humanos para el Defensor del Pueblo y como Coordinadora de la Mujer, entre otras instituciones. Ha realizado y participado en numerosos talleres de formación con la esperanza de erradicar la discriminación de las mujeres prisioneras, además de proporcionarles representación legal gratuita y asegurando el acceso a la justicia que en ocasiones no es facilitado por el Estado.

Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el porcentaje de mujeres privadas de libertad con respecto a la totalidad de población carcelaria en Bolivia es el más elevado de Sudamérica. El aumento de las mujeres encarceladas más los problemas del sistema penitenciario en general, han contribuido a agravar la situación de las mujeres detenidas en los últimos años.

Las mujeres detenidas se enfrentan a discriminación en materias de visitas familiares; escasa atención médica; actividades recreativas, educativas, formativas y laborales y programas de rehabilitación; encarcelamiento de las mujeres que viven en prisión con sus hijos; etc. En Bolivia, ninguno de los 11 centros penitenciarios para mujeres ha sido construido específicamente para albergarlas. Y aunque han sido adaptados para este fin, no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad pautadas por la normativa. Además, en Bolivia el sistema penitenciario no cuenta con una clasificación adecuada, por lo que tanto detenidas en prisión preventiva como mujeres condenadas se encuentran juntas y bajo el mismo régimen. Se trata de una clara vulneración de sus derechos.

Verónica destaca la triste realidad de las mujeres privadas de libertad y afirma que al ingresar a los centros penitenciarios se dio cuenta de cómo este grupo es excluido por la sociedad. Ha podido evidenciar que los informes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) no dicen casi nada de la situación de discriminación y violencia que viven estas mujeres. Así, tiene programado realizar un trabajo de incidencia en el Ministerio de Justicia para que el informe al Comité CEDAW del año 2011 tenga un extenso acápite sobre la situación de las mujeres privadas de libertad. Además, seguirá trabajando con organizaciones de mujeres y tomará como modelo a seguir por el sistema de justicia boliviano los mejores ejemplos de otros activistas en Latinoamérica.

Existen muchas mujeres privadas de libertad en las prisiones bolivianas que no tienen acceso a una representación legal. Verónica espera poder representar al menos 10 mujeres y dar patrocinio en la obtención de pruebas que las puedan beneficiar en el juicio de defensa. Verónica ha llevado numerosos casos para ayudar a las mujeres privadas de libertad en Bolivia y gracias a su esfuerzo, muchas mujeres han tenido la oportunidad de ser juzgadas.

Un ejemplo de esto es el caso de B.N. (mujer inmigrante rural), arrestada en 2009. Actualmente se encuentra detenida teniendo a sus cinco hijos en el Centro de Orientación Femenina y acusada de encubrimiento del abuso que su concubino realizó a la mayor de sus hijas. Tras realizar sus indagaciones, Verónica averiguó que B.N. no había denunciado por el grado de violencia doméstica que vivía. Era una injusticia tenerla en prisión dos años y sin un tribunal de juicio constituido. Actualmente, Verónica le proporciona representación legal y está preparando la documentación necesaria para solicitar la cesación de la Detención Preventiva.

Verónica querría seguir trabajando en este proyecto en 2012 y contratar profesionales pues piensa que “es importante tener un grupo de gente trabajando en los centros penitenciarios para ayudar a las mujeres a una pronta y limpia justicia”. Nosotros queremos agradecerle desde International Bridges to Justice por su trabajo para frenar la discriminación y acabar con la injusticia que muchas mujeres viven cada día.

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Foto: Diego, un joven de 25 años de edad, fue detenido arbitrariamente por la policía antidisturbios cerca de su casa en el barrio Caicedo, Medellín. Arriba, el ojo izquierdo aún está inflamado e inyectados en sangre de las heridas infligidas por la policía.

Diego es un pintor y un músico autodidacta que toca en una banda punk y vive en el barrio Caicedo en Medellín.  Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, fue detenido arbitrariamente pore star cerca de una manifestación no-violenta de personas fuera de un parquet public en su barrio que se dieron cita en apoyo de un reisdente local que estaba siendo desalojado.

El ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) son una rama notoriamente brutal y agresiva de la policía, y al dares cuenta de su llegada a la manifestación, Diego empezó a correr para protegerse.  Pero fue detenido por un policía en una motocicleta y rodeado por cinco agentes del ESMAD que se negaron a escuchar sus súplicas de que no había hacho nada malo, y procedieron a tirar al suelo, lo patearon y la liberación de aerosol de pimiento en los ojos, sólo centímentros de su cara.  Con los ojos muy quemado, veía casi nada para el resto de la noche.  El ESMAD lo arrastró por los brazos a la patrulla, causándole heridas que aún hoy, una semana después, todavía sufre y lo condujo de regreso al parque local, donde muchos jóvenes habían sido detenidos en un camion grande.  “Fue terrible no ver, y sin saber dónde nos conduce,” dijo Diego.  Oyó un individuo no identificado sugerir a la policía que lo llevaran a un centro de salud para sus heridas.  Más tarde fue liberado a los amigos que vinieron a buscarlo y le ayudó a aplicar la leche el la cara para calmar a sus lesions en los ojos.

Durante el incidente, muchas mujeres, jóvenes y niños fueron atacados indiscriminadamente, como si no fueran ciudadanos desarmados.  “Estos excesos y los abusos son cometidos a diario,” explica JusticeMaker Adriana, “y en reiteradas oportunidades justificada sobre la base de mantener el ‘orden público’.”

Foto: Diego, apoyado por su amigo Alex, se reúne con JusticeMaker Adriana para contar su historia.

Incluso a través de su relato de esta historia, nunca amabilidad Diego y la sonrisa de desvaneció.  Sus ojos gravemente herido regado y le inquietaba constantemente a lo largo de la entrevista.  Después de mostrarnos las heridas en su tórax y los brazos, explicó que aún no puede levanter los brazos sin dolor profundo, o vestirse en la mañana sin dificultad.  Su afán por contar su historia en absolute, y añadir su nombre a una lista de personas jóvenes dispuestos a denunciar públicamente los abusos de poder de policía que han sufrido, es exactamente el tipo de luz que este grupo de abogados y JusticeMaker Adriana son buscando para exponer el tema de la detención ilegal arbitraria en Medellín.

Escrito por Siobhan Riordan

Fotos por la autora: © SiobhanRiordan.com / IBJ

Mí cuerpo es mío, mío, yo decido.”

– canto de las activistas durante una manifestación en Medellín

Foto: Los activistas pro-elección “exponer” el public a sus demandas: Aborto Gratuito, Libre, Seguro, Legal.

Medellín, Colombia – Una mujer en Colombia puede solicitor un aborto legal sólo si se encuentra en una de tres situaciónes específicas: (1) si ella se queda embarazada como resultado de la violación, (2) si el embarazo  pone su vida o su salud en peligro, o (3) si el feto es conocido por tener una malformación mortal. (Sentencia C355/06 Corte Constitucional.)  El castigo por una mujer que tiene un aborto ilegal es de hasta 3 años de prisión y es el castigo por un medico u otra persona que realiza el procedimiento illegal (incluso si es médicamente licencia para hacerlo) también de hasta 3 años.  Bajo la ley colombiana, las mujeres no tienen derecho a elegir.  Este hecho, así como el estado en general de las mujeres en la sociedad patriarcal de Colombia, es algo que last activistas feministas de La Red Juvenil de Medellín están en pie de guerra a cambiar.

Un subconjunto de activistas en La Red Juvenil, una red de activistas en Medellín, se dedican a temas de la mujer y la organización de eventos centrados en conocimiento de los derechos y las manifestaciones públicas de activistas.  Su objetivo es ampliar el diálogo sobre asuntos de la mujer, educar y capacitar a aquellos de son de acuerdo para actuar.  El mismo grupo se reúne dos veces al mes para leer y analizar textos sobre la teoría feminist, discutir nuevos proyectos y estrategias, y para apoyarse mutuamente en sus esfuerzos colectivos para apoyar a sus ciudadanos compañeras.

Fotos: JusticeMaker Adriana (centro de la fotografía, en camisa blanca) canta y baila con pro-elección activistas feministas fuera de la Procuraduría Regional de Antioquia en Medellín durante una manifestación pública.

Fotos: Isabel (en la foto de la izquierda, las dos imágenes), una activista de La Red Juvenil, habla de uno-a-uno con las mujeres y las madres de Barrio Llanadas de abuso conyugal, el maltrato y la violación sexual por medio de cuestionarios personales diseñados para demostrar cómo los derechos de las mujeres son directamente aplicables a sus vidas. Evento de concientización sobre los derechos organizado por La Red Juvenil se centró en la educación de las mujeres y los niños en edad escolar de la no-violencia.

Foto: JusticeMaker Adriana (a la izquierda, centro) y activistas de La Red Juvenil asistir a un seminario abierto sobre los derechos de las mujeres en el context de la globalización y el sistema capitalista.

Escrito por Siobhan Riordan

Fotos por la autora: © SiobhanRiordan.com / IBJ

Foto: Una manifestante con La Red Juvenil de Medellín, una red de activistas. “YO MUJER MIGRANTE CONTRA EL CAPITALISMO, EL RACISMO Y EL PATRIARCADO.”

Fotos: (Izquierda) La marcha para el Día Internacional de Trabajadores en Medellín, el primero de mayo 2011. (Arriba a la derecha) JusticeMaker Adriana marcha con jóvenes de La Red Juvenil.

Y los colores eran brillantes en Medellín el primero de mayo 2011.  Más de dos mil personas en representación de la lucha por la justicia legal, el cambio politico, los derechos de los trabajadores y la situación de las mujeres sacaron sus banderas y sus altavoces y se dirigió a “La Marcha.”  Yo pasé la mañana antes de la marcha con un grupo de feministas de La Red Juvenil, una red de activistas de Medellín, que cantaban y pintaban en prevision de excitación de la protesta.  Uno de ellos me dijo que había decidido no asistir a la marcha.  “A veces hay problemas con la policía, y usted tiene que correr,” me dijo que por la mañana.  “Le pasa.”

La calle designada para la marcha estaba llena sin pausa por la policía.  Los oficiales justifican su presencia fuerte en el evento annual que sea necesario para sofocar los disturbios a la procesión.  A menudo, los grupos de estudiantes de la universidad local, que están impacientes por el cambio y no están interesados en la no-violencia, encontrarán la manera de interrumpir la marcha.  Pero estaba claro que algunos de los asistentes que la policía también vienen en gran número como una forma de intimidación a los manifestantes pacíficos.

Estudiantes ha creado este año por lus disturbios lanzado piedras y provocando pequeños explosivos en medio de la marcha.  La rama de la policía especializada en la alteración del orden public denomindado ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), presentada en partes, sin vacilación y con gases lacrimógenos, algunos de la larga fila de manifestantes en un esfuerzo por dispersar a la multitud.  Durante la emission de gases lacrimógenos, mi compañero en la marcha me agarró la mano y nos ha obligado a las masas y en una calle lateral.  A través de los ojos rojos, la cara mojada y nuestra lucha para respirar, me dijo que “hay que correr.  Todo el mundo tiene que correr, porque la policía captura a cualquier persona.”  Detención arbitraria, especialmente de los jóvenes, es un problema serio en Medellín, y es el foco del proyecto de IBJ JusticeMakers este año en Colombia.  Antes de que el gas verde sobre las banderas caídas se había disipado, 27 jóvenes habían sido detenidos.

Pancartas fueron recolectados y devueltos mayoría de los manifestantes disperses, y continuó la marcha.  Cuando otro individuo fue detenido y recluido en un camion de policía estacionado en una gasolinera, la multitude rodeo la zona y exigió su liberación.  El ESMAD condujo un tanque de agua de alta presión de canon a la escena para someter a los disturbios, pero los manifestantes tuvieron éxito y el hombre fue liberado en una multitude jubilosa.

Foto: El tanque de agua de canon es impulsado para cumplir con vestidos de negro, la policía ESMAD reunidos debajo de una estación de servicio en la marcha.

Los otros detenidos no fueron tan afortunados.  Más adelante en el día con varios abogados y JusticeMaker Adriana, una abogada y activista en Medellín, visité la estación de policía más de la mitad de ellos estaban siendo mantenidos en condiciones crueles: el exterior del edificio entre una pared exterior y una barrera de la policía improvisada.  Cuando Adriana se acercó al jefe de la policía para obtener permiso para entrevistar a los detenidos, que se reunion con la aggression.  “No me presione!”, él gritó.  Después de una acalorada discusión que se le permitió hablar con ellos desde el otro lado de la barrera, pero fue forzado a llevar por el ESMAD que creó una segunda parrera con sus escudos entre el grupo de abogados y los detenidos.  De esta manera, los detenidos se les negó efectivamente su derecho a asistencia letrada.

Como eventos como estos continúan, por lo que la marcha continúa.  JusticeMaker Adriana y muchos otros abogados y activistas en la ciudad se dedican a proteger los derechos humanos de la juventud y exponer abusos del poder de la policía en Medellín.

Escrito por Siobhan Riordan

Fotos por la autora: © SiobhanRiordan.com / IBJ

Este afiche se realizo a color para ser mas llamativo, su contenido se distribuye en doce (12) recuadros donde se describe de forma clara cada uno de los principales abusos que han sido detectados en la ciudad por parte de la policía, por medio de gráficos acompañados de texto que dan cuenta de los limites de la policía frente a los derechos de las personas.

Se imprimieron 1000 ejemplares, e realizo un diseño novedoso que pudiera garantizar su futura reproducción sin inconvenientes. La distribucion la pensamos para todo el año distribuirles en los conversatorios que realicemos, para bares, teatros y en espacios publicos de la ciudad, el objetivo es llegar a puntos estratégicos pSe entregara directamente en las Bibliotecas de la ciudad, Las universidades, Los Colegios, a las Organizaciones Sociales, Colectivos de Jóvenes, además se ambientaran los sitios donde se realizan las distintas capacitaciones en la ciudad.

Nuestro objetivo principal con esta afiche es la difusión, la información a la poblacion que es suceptible de la privación ilegal de la libertad y motivarlos a realizar el control sobre estas actuaciones recurrentes y que parece no tener mayor censura social, solo justificaciones.