2011 JusticeMakers Alejandro Tomás Viada Ovalle
Alejandro Tomás Viada Ovalle es uno de nuestros ganadores del concurso JusticeMakers 2011 organizado por International Bridges to Justice. Ha trabajado como abogado defensor durante años; ha dirigido equipos de profesionales (trabajadores sociales, abogados y psicólogos); ha enseñado Derecho Penal y derechos legales a profesores de la Facultad de Derecho; y también ha sido profesor de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte. En la actualidad, dirige la Defensoría Penal Pública en la Provincia de Coquimbo (Chile).
La nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su principal objetivo es reinsertarles en la sociedad a través de programas especiales. Con esta Ley se busca un equilibrio entre el delito y la edad del adolescente (dividiéndoles en dos sectores: entre 14 y 16, y entre 16 y 18 años), de manera que se les reconoce derechos por primera vez. Para lograrlo, se recurre a la privación de libertad sólo para los delitos más graves, pero parece que el sistema de justicia no es consciente de que son adolescentes y no adultos y que las medidas tomadas deben favorecer su integración social. El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el responsable de materializar las penas que contempla la Ley, a través de sus centros, en el caso de las penas privativas de libertad, y la red privada, tratándose de las medidas no privativas de libertad.
Videoconferencia de adolescente privado de libertad con su abogado
La población beneficiaria del proyecto son aquellos jóvenes imputados de un delito que son ingresados a los Centros de Internación Provisoria de menores (CIP). Alejandro implementó su proyecto JusticeMakers en el CIP San Joaquín (Masculino) y Santiago (Mixto), con 223 y 33 ingresos respectivamente. Con su proyecto ha ayudado a corregir ciertos aspectos del sistema de justicia de Chile para hacer de la justicia juvenil algo diferente de la justicia criminal para adultos. Ha facilitado la comunicación por videoconferencia entre el adolescente privado de libertad y su defensor, sin reemplazar su visita quincenal reconocida por la Defensa Penal Pública. Se ha logrado, por tanto, “una disminución paulatina de los niveles de ansiedad entre los jóvenes y su mejor preparación de las declaraciones en juicios orales”. Alejandro cuenta con la colaboración de varios abogados y un trabajador social en Santiago (Chile) y desea “que su proyecto se mantenga, así como aumentar el número de entrevistas mediante videoconferencias. De este modo los jóvenes aclaran de inmediato los conceptos que no comprendieron”.
Alejandro afirma haber aprendido que en materia de defensa de los derechos de los jóvenes, siempre es posible innovar en búsqueda de una adecuada relación entre éstos y sus abogados, y está orgulloso de la colaboración y buena disposición recibida por los centros del SENAME.
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