Mabel Jenny Artezana Arispe es una de nuestros ganadores del concurso JusticeMakers 2011 organizado por International Bridges to Justice. Graduada en Derecho y Ciencias Políticas y habiendo obtenido un postgrado en Criminología, ha sido miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos durante más de diez años, enseñó Derecho Romano en la Universidad Mayor de San Simón y ha sido abogada practicante en Bolivia desde 1997.

Según un estudio del Gobierno de Bolivia sobre la situación de las cárceles bolivianas, los  privados de libertad llegan a estos lugares por  robo/hurto, asalto, violación, lesiones a otras personas, por  ser consumidores de sustancias prohibidas, etc. Y de hecho, algunos de ellos están mejor dentro de la cárcel, donde encuentran descanso a las persecuciones y  agresiones vividas en el exterior. Sin embargo, también están aquellos que en el transcurso de una larga sentencia, perdieron a su familia y todo vínculo con el exterior. La liberación representa una gran angustia, pues en muchas ocasiones permanecen simplemente sentados  esperando que pase el tiempo de sus condenas. Esto implica un doble castigo, pues no sólo se someten a la pérdida de su libertad, sino también a las pésimas condiciones que existen al interior de la cárcel. Las políticas estatales  no hacen mucho para los privados de libertad, que están desamparados sin visión ni perspectiva en su vida.

Mabel y Verónica Marisol –también JusticeMaker 2011, han tenido la ocasión de encontrarse en Bolivia un par de veces (aunque viven en diferentes partes del país) y de visitar las cárceles juntas. Las prisiones están extremadamente abarrotadas y es frecuente que los detenidos pasen meses en prisión sin acceso a un abogado. Generalmente ingresan en prisión con sus familias, lo que significa que sus hijos viven ahí también en malísimas condiciones mientras sus padres cumplen con sus sentencias [véase la foto de la izquierda].

El 22% de reos en Bolivia está en Cochabamba, que cuenta con seis cárceles. Más de 1.200 muchachos viven en las prisiones bolivianas y concretamente, la situación en la cárcel de San Sebastián (Cochabamba), donde Mabel ha realizado talleres de formación, es tan infrahumana que el techo se está cayendo, tienen un baño para 650 internos, y además el preso tiene que comprarse su propia celda (entre 500 y 1.500 dólares) porque el Estado no la provee por falta de fondos.

Con su proyecto, Mabel “ha aprendido a compartir”. Dice que “parece una palabra sencilla pero encierra muchas cosas: revisar procesos, compartir experiencias, ayudarles en sus causas y encaminarse a otras, conocer a sus familias, etc.”. El objetivo de Mabel es entrenar a los profesionales que representan a los acusados para asegurar que los detenidos tienen acceso a la justicia eficazmente y proveer de formación a los acusados. De esta manera, sabrán por qué han sido detenidos, los derechos que les protegen y las obligaciones una vez que obtengan su libertad.

Dice que “el proyecto ha sido un éxito entre los internos del centro penitenciario de San Sebastián”, creó una revista con dibujos del procedimiento penal para que aprendieran más fácilmente de qué se trata, han asistido a los talleres dispuestos a aprender y realizan simulacros de juicios para que sepan actuar en los juicios orales. Según Mabel, “Lo más importante del proyecto es que son los mismos detenidos los que colaboran con los demás, puesto que la información que se les ha transmitido la replican entre sus compañeros, lo que ha efectivizado el proyecto sobre el conocimiento de sus derechos.”.

Tras su experiencia trabajando en el centro de San Sebastián, Mabel afirma que es difícil avanzar en el proceso con los profesionales, pues cada 3 meses cambian a los funcionarios de Régimen penitenciario y todo el trabajo que se realiza con ellos debe ser nuevamente repetido para los nuevos. Cree que su proyecto tendría un mayor impacto si pudiera organizar jornadas con la prensa y otras instituciones comprometidas al régimen penitenciario.

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